Luego de semanas de intriga con conversaciones de pasillo en la Asamblea Legislativa, cartas de lado a lado entre la junta y el gobierno, vistas públicas donde los jefes de agencia aceptaban dócilmente los recortes a sus presupuestos, y otras peculiaridades de esa naturaleza, finalmente quedó confeccionado y aprobado el presupuesto de la Junta de Control Fiscal. Por primera vez desde la creación del espejismo constitucional denominado Estado Libre Asociado, la mayoría de los representantes electos del pueblo puertorriqueño tuvieron que responder directamente a una entidad norteamericana a la hora de determinar cómo utilizar el dinero de nuestro pueblo en un año fiscal. Tras un año de la aprobación de PROMESA, no podemos dejar de manifestar nuestro rechazo enérgico a lo que representa el ejercicio más burdo del poder colonial de los Estados Unidos en Puerto Rico.
En gran medida, el proceso de aprobación del presupuesto es el final adecuado para una primera sesión ordinaria marcadamente neoliberal. Al igual que la Junta vino a velar por que los acreedores cobraran, el PNP llegó –como el PPD antes– para obedecer a la Junta. Así, por ejemplo, la mal llamada reforma de permisos aprobada a inicios del cuatrienio no tuvo como propósito salvaguardar el uso ordenado de nuestros recursos limitados, sino fomentar a toda costa el desarrollo desmedido e irrestricto de proyectos en nombre de la prosperidad. Poco importó que todos los grupos ambientales y las comunidades afectadas, así como individuos e instituciones académicas expertas en el tema, resaltaran las consecuencias nefastas de desmantelar gran parte del andamiaje vigente. Su “progreso” iba por encima de la participación ciudadana.
El desprecio a la disidencia nunca fue más patente que al analizar cualquier tema relacionado con la Universidad de Puerto Rico. La mera mención de “la iupi” y “los huelguistas” propiciaba la repetición del mismo discurso anquilosado de la Guerra Fría. Dicho prejuicio provocó el recrudecimiento de nuestras leyes penales, con la intención expresa de disuadir las acciones que llevaban a cabo nuestros jóvenes luchadores. Este prejuicio visceral condujo a la aprobación de medidas –seguramente inconstitucionales– para detener el pago del salario a profesores y empleados de nuestra universidad de manera automática e irreflexiva en caso de que se inicie nuevamente un proceso huelgario.
Estos primeros meses del nuevo gobierno también estuvieron marcados por un creciente conservadurismo social. El fundamentalismo religioso más intolerante de nuestra sociedad encontró en el PNP un aliado incondicional para impulsar una agenda política peligrosa que intenta enmascarar el miedo a la diversidad bajo el manto de “libertad religiosa”. De esta forma, las mismas personas que continuamente discriminan contra todo aquel que piense distinto a ellas, buscan abiertamente utilizar los mecanismos del Estado para imponer su visión particular del mundo sobre el resto de la sociedad. En efecto, los perseguidores se visten de perseguidos para obtener tratamiento legal preferente por el hecho de profesar una creencia religiosa particular. Producto de esta agenda es la ley de las Iglesias-Escuela, bajo la cual esta categoría especial de instituciones educativas no tendrán que ser acreditadas por las autoridades estatales pertinentes ni cumplir con una serie de requisitos mínimos con los que el resto de las escuelas tendrán que cumplir para asegurar que la juventud cumpla con unos estándares mínimos de excelencia educativa que nuestra sociedad estima necesaria. El trato privilegiado resulta ofensivo cuando consideramos que el sistema público de enseñanza fue golpeado disipadamente durante estos meses con el cierre inmisericorde de planteles escolares a través de toda la isla. Otro logro del fundamentalismo fue la aprobación del proyecto para la “restauración” –como si se hubiera roto– de la libertad religiosa en Puerto Rico, versión criolla de una ley federal ya impuesta directamente al territorio, la cual permitirá a individuos o entidades escudarse detrás de la libertad religiosa para decidir unilateralmente cuáles leyes neutrales y de aplicación general tendrán que acatar, privilegio con que contarán los no creyentes, independientemente de los argumentos por los que protesten contra una ley particular.
Ante el recrudecimiento del colonialismo norteamericano, quizá lo único positivo del discurso oficialista a principios de cuatrienio era su supuesto repudio al régimen colonial y su voluntad “inquebrantable” de acabar con el Estado Libre Asociado. Pero les duró poco. Aunque desde el PIP impulsamos una asamblea de estatus como mecanismo descolonizador y a pesar de que votamos en contra del proyecto inicial de plebiscito por su lenguaje sesgado a favor de la estadidad y porque subordinó el proceso a la autorización de Washington, aun así tomamos la decisión política de defender la independencia y la soberanía junto a diversos grupos en un referéndum entre la anexión y la soberanía nacional, con la condición expresa de que el estatus territorial rechazado por nuestro pueblo en 2012 no fuera incluido. El PNP aseguró que no accedería a la presión de lo colonialistas internos y externos, pero dobló rodillas tan pronto el amo metropolitano expresó reservas al proceso. El resto es historia: el gobierno federal no se comprometió con el plebiscito; la colonia rechazada fue incluida, obligándonos a boicotearlo; y el PNP obtuvo el 97% de los votos emitidos en una consulta en la que participó apenas un 23% del electorado. El plebiscito fracasó y el PNP quedó retratado como un partido tan sumiso y colonizado como el PPD al que tanto critica.
Desde nuestro espacio legislativo combatimos esos proyectos nefastos. Defendimos a las comunidades escolares ante el cierre de sus escuelas. Fomentamos el acceso a la justicia. Apoyamos a organizaciones culturales. Luchamos incansablemente por proteger los derechos de nuestros trabajadores. Promovimos la equidad y la perspectiva de género. Y, fiel a la trayectoria histórica del PIP, exigimos por distintos medios nacionales e internacionales la descolonización e independencia de nuestra nación.
Este recuento de mi tiempo en la Legislatura durante la primera sesión legislativa pone de manifiesto la relación clara entre nuestra condición política y nuestro deterioro económico y social. El capital nos gobierna directamente a través de organismos nacionales extranjeros que aplican legalmente aquí únicamente porque así lo determina otro. Hoy más que nunca debemos luchar contra estas desigualdades para construir finalmente el país libre y próspero al que todos aspiramos.
