Lo que el Gobierno ha tratado de hacer y no quiere decir es desmantelar el Plan de Uso de Terrenos (PUT) que se aprobó entre el 2014 a 2015 después de muchos años de trabajo. Aunque no lo dicen, las definiciones de uso de terrenos del nuevo reglamento no guardan relación con las definiciones anteriores del PUT.
Así lo denunció a CLARIDAD Abel Vale, planificador y presidente de Ciudadanos del Karso, ante la presentación por la Junta de Planificación (JP) del Nuevo Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Usos de Terrenos y Operación de Negocios (NRC). Ciudadanos del Karso y otras organizaciones ambientales expusieron a la luz pública que por tercera vez en dos años la Junta de Planificación se dispone a aprobar un reglamento para la expedición de permisos falto de análisis y plagado de errores sustantivos. Por tercera vez también, el sector ambiental manifestó su firme oposición al reglamento, que además ya ha sido declarado nulo en dos ocasiones por el Tribunal Apelativo.
El planificador recordó que en el 2019 Planificación dividió el trabajo del reglamento y los Mapas de Calificación. Cuando se aprobó, este pasó por debajo del radar y nadie se dio cuenta, por lo que hubo que acudir al tribunal. Cuando la JP sacó entonces los Mapas de Calificación, las organizaciones profesionales de planificación y organizaciones ambientales objetaron el documento por no ser uno viable y denunciaron que la JP no dio oportunidad a la participación ciudadana. Ante las críticas, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, mediante orden ejecutiva creó un comité para que presentara sus recomendaciones a la JP.
Ahora, por tercera ocasión, la JP exhibe el mismo proceder. “En medio de la pandemia, a la Junta de Planificación se le ocurre llamar a dos días de vistas públicas, unas presenciales en cinco lugares en la isla, donde excluye al área oeste completamente”, reveló Vale. Las vistas serían este martes 22 y jueves 24 de septiembre. La Junta apenas dio 30 días a partir de la fecha de publicación, el 4 de septiembre, para que los interesados presenten sus observaciones por escrito. “Humanamente, en medio de esta pandemia, es imposible examinar 12 tomos, casi mil páginas. Se le ve la costura de que lo que están tratando es pasarlo en medio de la pandemia”.
Añadió que el NRC continúa siendo un documento deficiente, que deforma toda la planificación vigente en Puerto Rico y los sustituye por distritos genéricos que no corresponden a un proceso de planificación.
Algunos de los argumentos más importantes en contra del documento que las organizaciones ambientales, comunitarias y profesionales esgrimieron incluyen el hecho de que la JP no contempló las recomendaciones del Comité de Mapa Calificación, a pesar de que la gobernadora dijo haberlas acogido. El Reglamento ignora el calentamiento global y sus consecuencias para Puerto Rico. Además, aumenta densidades y cambio de usos en áreas urbanas y rurales sin presentar estudios de capacidad de la infraestructura y sin análisis de consecuencias e impactos en barrios, áreas naturales, fincas agrícolas. El reglamento cambia los distritos de calificación en reservas o áreas de alto valor agrícola y natural y permite que en reservas agrícolas y áreas calificadas se siembren placas solares.
Las organizaciones insistieron en que separar los Mapas del Reglamento y no llevarlos juntos a vista pública es ilegal y viola Ley Orgánica de la Junta de Planificación.
Vale atribuye los cambios al monto de los fondos federales y de proyectos propuestos ante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Hay que recordar que la JP ya no es un ente independiente, sino que está adscrita al DDEC.
En tanto, Marissa Reyes Díaz, portavoz de El Puente: Enlace Latino Acción Climática (otra de las organizaciones denunciantes) advirtió que al empujar la aprobación del NRC, como pretende la JP, es una oportunidad perdida para desarrollar un reglamento mediante un proceso participativo, que incorpore mejores prácticas de planificación y manejo, con una metodología documentada y en cumplimiento con los objetivos del Plan de Uso de Terrenos, el nuevo código municipal y sobre todo, la Ley Orgánica de la JP.
Las organizaciones crearon una petición de firmas en la plataforma Change.org para que la ciudadanía apoye el reclamo de que la JP conceda 120 días para examinar el documento.
“Es vital que llevemos un mensaje contundente a la Junta de Planificación demandando que detenga el proceso de aprobación de este Reglamento Conjunto hasta que se completen con estricta rigurosidad los estudios de usos de suelos necesarios para cualquier modificación del reglamento actual y sea posible que todo ciudadano pueda expresarse al respecto en un proceso de vistas públicas inclusivo. No vamos a permitir que intereses particulares generen políticas públicas en detrimento del bienestar del país”, afirmó Vale.
