UPR: Ni escuchan, ni quieren asumir sus responsabilidades

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

La Universidad de Puerto Rico (UPR) tiene una deuda con el Fideicomiso de Retiro por unas aportaciones que no se han pagado. Las pensiones de los jubilados se pagan de dicho fideicomiso. Sin embargo, el dinero para el pago de esta deuda se obtiene del Fondo General, como parte del presupuesto que la administración universitaria saca para cumplir con sus obligaciones, entre estas, las aportaciones al Sistema de Retiro. De ahí que ante el recorte de $71 millones previsto para el próximo año fiscal, el presidente de la principal institución académica del país, Jorge Haddock Acevedo, proponga a escoger entre el pago de las pensiones o el cierre de recintos.

Parecería que esto se trata de una estrategia para poner en contra a los distintos sectores que constituyen la comunidad universitaria. Parecería. Por razón de estas amenazas (las medidas de austeridad y todos los males que hoy trastocan a la universidad), el pasado jueves 24 de octubre, docentes, no docentes y estudiantes declararon un frente unido en defensa de la UPR.

“Un chantaje, y tirar a la misma comunidad universitaria a que se peleen entre ellos. El famoso divide y vencerás. Pero yo creo que la comunidad universitaria se ha dado cuenta de que esto no es así […]”, respondió a CLARIDAD, Jannelle Santana, presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND).

Sobre el tema del retiro, Santana recordó que hace varios meses atrás, tal vez un año, cuando los actuarios presentaron los informes, la licenciada Zoraida Buxó determinó bajar una premisa a cero porque supuestamente no iba a haber reclutamiento en la Universidad. Eso provocó que la deuda actuarial con el Fideicomiso de Retiro se disparara y que, por ende, su pago fuera mayor.

“Es cierto que no se abren convocatorias; pero ves que se abren nombramientos, que se está aumentando una nómina de confianza, vicepresidencias que no existían antes. Definitivamente, hay entrada de empleados a la Universidad. Al bajar esa premisa a cero lo que vas a hacer es que esa deuda actuarial la disparas y entonces el pago a esa deuda es mayor. Eso fue una determinación de ella”, alegó.

La líder sindical señaló que la decisión se tomó en contra de la recomendación hecha por la Junta del Fideicomiso de Retiro. En este punto, aprovechó para exaltar el trabajo realizado por dicha junta para seguir nutriendo ese fideicomiso de retiro para que esté estable.

“Nosotros estamos a 49.6 centavos por cada dólar que se invierte. No estamos hablando de un fondo de retiro que está como está el Fondo General del Retiro de los Empleados del Gobierno. Es un retiro que está sólido. Más allá de todo, es una situación ideológica lo que se está creando aquí”, mencionó.

Santana concluyó que la administración universitaria tiene que tomar las recomendaciones de la Junta del Fideicomiso.

Por otra parte, Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) dijo que el problema no es que hay que hacer pagos al Retiro o que se gaste dinero en los recintos, sino que siguen haciendo recortes. Esos recortes impiden una buena planificación de la estrategia administrativa porque no se puede administrar ni planificar sin conocer el presupuesto que se va a tener, criticó

Rodríguez hizo hincapié en que mientras sigan los recortes a la Universidad, van a seguir estableciendo nuevas políticas de austeridad.

“La Junta de Control Fiscal quiere que se elimine nuestro sistema de retiro como está establecido ahora mismo. Eso es una cuestión ideológica, pero responde a una ausencia de dinero porque no quieren darle el dinero de la Universidad. Van a aumentar los costos de estudios porque van a tener que sacar el dinero para pagar los servicios de la Universidad, que son limitados por los recortes que hay. Entonces, está ligado a todo lo que son esas políticas de austeridad”.

El representante del personal docente de la UPR mencionó que el primer planteamiento respecto a los fondos es no solo descongelar la formula, sino regresar a la fórmula del 9.6%. Lo que, según dijo, es importante porque es el 9.6% de los recaudos de los últimos dos años.

“Si el país entra en crisis y recibe menos dinero, la Universidad inevitablemente tiene que acomodarse a esa reducción que hay en los ingresos del país. Si el país aumenta porque mejora su condición económica, la Universidad mejora al mismo tiempo”.

¿Remodelación o justificar la privatización?

Otra de las cosas que la administración universitaria no ha tomado en cuenta han sido las recomendaciones por parte del sector estudiantil en cuanto a los supuestos planes de remodelación de las residencias universitarias. Entiéndase, ResiCampus y Torre Norte.

En un momento, los estudiantes plantearon que se mantuviera abierta una de las residencias mientras se reparaba la otra; también que la remodelación fuera por parte, cada dos pisos, y se reacomodaran a las personas en la medida que iba avanzando la remodelación. La administración no escuchó esas recomendaciones y prosiguió con el cierre de Torre Norte.

“Hace año y medio cerraron Torre Norte con un plan de dos años para rehabilitar. Torre Norte no se ha tocado. Con el cierre se desalojaron más de 300 estudiantes que no tenían los recursos para vivir en otro lugar que no fuera ese. Van a hacer lo mismo con ResiCampus, bajo falsas premisas, planteándonos que es una remodelación. La remodelación es necesaria, esas residencias no están habitables; pero la opción no puede ser desalojar entre las dos residencias a casi 700 estudiantes que no van a poder estudiar porque la administración, el Gobierno y la JCF se han dado a la tarea de que la universidad no sea accesible”, dijo Maya Rodríguez, portavoz del movimiento estudiantil.

“Esos estudiantes no van a poder venir o no van a tener la capacidad de coger una carga completa y poder graduarse en un momento adecuado porque no tienen la capacidad económica para pagar un apartamento más caro, para comer, echar gasolina, pagar los créditos a $124, y que seguirán aumentando. Porque el plan de la JCF es que lleguemos a un crédito de $200, pero las universidades privadas en este país cuestan eso. Entonces, ¿cuál es el estándar de la universidad pública? ¿En qué momento planteamos que la universidad pública no es accesible?”, añadió.

Rodríguez mencionó también que se está comenzando una campaña en contra de los agresores dentro de la universidad y destacó que “la mayor parte de nosotras tenemos una historia de acoso, hostigamiento o agresión dentro de la universidad. En la medida que la Universidad no hace nada al respecto, nos vemos obligadas a seguir cogiendo clases con estas personas y viéndolos en la Universidad; en esa medida no nos podemos sentir seguras”.

“Los y las estudiantes estamos ahora mismo en unos de los momentos de precarización más alta en la historia. Hay niveles de precarización en términos económicos. Cada vez la Universidad es menos accesible y menos viable para el pueblo”. Abundó en que cada vez esa institución es menos accesible porque sigue aumentando el crédito y sigue creciendo la posibilidad de que sea estrictamente para los sectores ricos del país. A su juicio, con estas medidas también se van alterando y eliminando otros elementos de la cotidianidad de la Universidad: la posibilidad de una universidad segura para la gente negra, feminizada, racializada, queer.

Por estas y otras razones, el Frente Unido exige a las autoridades desistir de las medidas impositivas que afectan al principal centro docente del país. Como parte de las acciones para exponer sus reclamos en defensa de la UPR, el viernes 8 de noviembre, se llevará a cabo una manifestación frente a La Fortaleza, a las 5:00 pm.