CLARIDAD
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No quedan dudas de que la austeridad impuesta por la Junta de Control Fiscal, acatada por sus lacayos, es adversa al desarrollo social y económico de Puerto Rico. Pero nunca está de más recalcarlo. La salud y la educación pública, en particular, la Universidad de Puerto, son objeto de medidas excesivas que incluso fueron cuestionadas hace unas semanas por cuatro congresistas.
Continúan los recortes al Fondo General y las pensiones de los empleados. También los aumentos en la matrícula para un sector estudiantil cada vez más empobrecido. Mientras tanto, la administración universitaria se allana a los dictámenes de la JCF y se mantiene boyante. Despilfarran en salarios de $240 mil, hasta millones en contratos dudosos con el gobierno y allegados.
Pero eso no es suficiente. Como parte del plan fiscal para la UPR, la Junta de Control ha pedido eliminar las exenciones, y así se ha hecho. Se ha eliminado el derecho a que los hijos de los empleados de la universidad y los atletas, entre otros estudiantes reciban exención de matrícula para estudiar. Eso pretenden contrarrestarlo con la nueva política de ayudas económicas, pero al momento de pagar la matrícula, los estudiantes se ven “asfixiados”, dijo el profesor retirado, Félix Córdova.
La semana pasada, al inicio de clases, 1,400 estudiantes de la UPR en Río Piedras no habían podido matricularse. La administración universitaria dijo a los medios que eso era común. Como alternativa, sugirió a los estudiantes acogerse a una prórroga, argumentando que con la nueva política podrían pagar eventualmente sus estudios. Sin embargo, no hay garantías de que el nuevo sistema de ayudas económicas vaya a implementarse adecuadamente. Al momento de solicitar la ayuda, el estudiante tampoco tiene la certeza de que pueda cualificar.
“Yo creo que es un poquito prematuro decir con tanta seguridad que es un número, que esto ocurre todos los años, porque, primero, la política de ayudas económicas ni siquiera se ha implementado en su totalidad en todos los recintos. Segundo, a nadie se le ha brindado un desglose de la razón por la cual esos estudiantes se quedaron sin matricularse”, dijo la representante estudiantil Naomy Rivera Rodríguez.
Los entrevistados coincidieron en que la política fue aprobada prematuramente y sin ser estudiada, para cumplir con la Junta. Que no pensaron en el bienestar de los estudiantes y profesores ni en las consecuencias que esto tendría a nivel de los recintos.
Por su parte, Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) dijo contundentemente que “esa nueva política ha resultado ser un desastre”.
El profesor de sociología en la UPR en Cayey mencionó que en ese recinto “la rectora les dijo a los estudiantes que ella no sabía cómo manejar esa política. El asunto procesal ha sido desastroso. Además, esa política viene con la eliminación de unos derechos, como la eliminación de exenciones para hijos de empleados y profesores, exenciones a atletas y a los estudiantes de honor, etcétera”. Siguiendo esa línea, Córdova, sostuvo que se trata de “ir desmantelando las conquistas de los convenios colectivos”.
Decía Joseph Goebbels que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. La administración universitaria sigue diciendo que todo está bien, pero lo que está sucediendo tiene un efecto directo sobre estudiantes y profesores. Unos se quedan sin clases y otros sin trabajo. Los índices de graduación y de retención que se evalúan para la acreditación son igualmente afectados. “Esto tiene la capacidad de dañarle las condiciones de estudio y de trabajo a todos los sectores de la UPR”, sentenció Rodríguez.
Rivera Rodríguez sugirió que ante la incertidumbre que representa la nueva política de ayudas económicas, una opción sería atrasar su implementación hasta que haya una idea más clara de cómo funcionará. En otras palabras, “que se sigan otorgando las ayudas económicas de la manera que se llevaba haciendo hasta este semestre”.
El primer centro docente del país atraviesa una crisis, sin antes ser definido como servicio esencial, pero los administradores se niegan a exigir que se declare como tal. No obstante, continúa en juego el desarrollo cultural, intelectual y económico del país.
