Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
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Considerar la Universidad de Puerto Rico (UPR) como un servicio esencial para el pueblo es y era uno de los asuntos sobre el que varios profesores de la Facultad de Estudios Generales pretendían insistir durante la reunión de claustro que había sido pautada para el pasado viernes 12 de abril. La reunión debía considerar este asunto luego de que anteriormente se aprobara una moción de la facultad para atender dicho reclamo.
Pero la reunión de claustro fue cancelada por falta de quórum. En una entrevista fugaz con nuestro periódico, el profesor Waldemiro Vélez criticó que no se hubiese hecho al menos una reunión para informar sobre cuáles eran las últimas gestiones con relación a la acreditación de la Middle State y las comparecencias que se hicieron en marzo.
“Se podía hacer una conversación sobre el futuro de la Universidad. Tener 280 profesores en un salón y no hacer nada, no conversar, pedir propuestas e ideas para ver cómo podemos atender esta situación, no tiene justificación alguna. Lo que hace pensar que desde el principio no se quería hacer, que no había la voluntad de un diálogo universitario”.
Vélez comentó que en sus 32 años como profesor en el Recinto de Río Piedras nunca se hizo una asamblea un viernes por la tarde.
“En la medida en que se pueda determinar que la UPR es un servicio esencial, evidentemente, se debe garantizar su presupuesto sólido y robusto y luego bregar con los bonistas”.
Considerar un servicio como esencial, según el título 2 de la Ley Promesa, es fundamental, pues establece las responsabilidades de la Junta de Control Fiscal para con los mismos y determina que antes de pagarle a los bonistas debe asegurarse que estos servicios tengan suficiente presupuesto. “En la medida en que se pueda determinar que la UPR es un servicio esencial, evidentemente, se debe garantizar su presupuesto sólido y robusto y luego bregar con los bonistas”.
Dio como ejemplo que hay actualmente negociaciones con los bonistas de obligaciones generales (GO). Esto es deuda cubierta por mandato constitucional. La negociación con el gobierno central es fundamental ya que se pueda decir que este dinero no se puede utilizar para el pago de la deuda porque es un servicio esencial.
A mediados de abril la Universidad entregó a la JCF el nuevo Plan Fiscal, vigente del 2019 al 2024. Plan en el que continúa la tendencia de reducción en los fondos que recibe la UPR del gobierno de Puerto Rico (presupuesto general).
“En este momento son $247 millones menos del fondo general, se espera que para el 2024 sean $390 millones menos del total que se supone reciba la Universidad. Esto implica que el presupuesto de la UPR se reduce prácticamente un 48%, casi la mitad. Así está en la propuesta que le está haciendo la Universidad a la Junta, siguiendo las directrices del ente federal”.
De $56 que estaba el crédito en 2018 para el nuevo año académico, aumentará a $115 y se proyecta que al 2024 sean $159.
El profesor indicó que, en contraste con los recortes, el aumento en las becas pell es proporcionalmente insignificante. Ese aumento en las ayudas fue de $5,900 a $6,015.
Además, destacó que se deben considerar los costos de estudio más allá de los costos de matrícula: las cuotas, alimentación, traslado, vivienda, libros, materiales. Todo eso son una cantidad de gastos que la Universidad tiene que reportar al Departamento de Educación Federal y que, antes de este aumento, se estimaban en $15 mil anuales, solo en el Recinto de Río Piedras.
“Con el aumento en la matrícula, esa cifra ($15 mil) puede estar cerca de los $17 mil al año, por lo que con una beca pell de un máximo de $6 mil quedarían descubiertos casi $10 mil dólares. Los estudiantes que no pueden pagar eso tienen que trabajar o dejar de estudiar, ese es el impacto más brutal”.
“Ellos tienen que sacar una cifra nueva respecto a esos gastos de estudio, lo que yo estoy haciendo es más o menos un estimado en función de lo que era y lo que implican los aumentos”, dijo el profesor.
Por otra parte, están proponiendo una beca de $1,000, lo que no ayuda a subsanar el déficit para pagar sus estudios. El profesor no tardó en reclamar que mientras esto pasa, se le reducen igualmente las exenciones a atletas y artistas.
Por un lado, se reduce y por otro se aumenta, lo que se traduce en que la gente se vaya de la universidad o a estar demasiadas horas en el trabajo lo que implica un retraso para el estudiante.
“Las tasas de graduación se han ido extendiendo. Más o menos, en seis años se gradúa el 53% de los estudiantes en el Recinto de Río Piedras. Lo que implicaría tener mucho más tiempo que trabajar para extender ese período mucho más allá, lo que pasa es que la beca cubre hasta seis años. Así que lo más probable es que la gente deje de estudiar, un asunto grave para el futuro del país”.
Por otra parte, se reducen los beneficios marginales de los profesores; la insistencia de la Junta para eliminar el bono de Navidad; la reducción en la aportación al plan médico de unos $580 a $350. Tampoco, se están creando plazas nuevas mientras que mucho profesores siguen retirándose. “Mientras menos colegas haya trabajando a tiempo completo mas tareas nos toca hacer a los que estamos activos”.
Respecto a la reunión de claustro y la Asamblea Estudiantil, también pautada para ese mismo viernes, y que tampoco tuvo quórum, añadió que tanto profesores como estudiantes tienen los días muy comprometidos. Para los estudiantes que tienen que trabajar cada vez más (tomando en consideración lo antes dicho), el viernes es un día de trabajo. Si no van a la asamblea es porque les cuesta demasiado en función de las necesidades que tienen que atender.
Por su parte, el profesor y también estudiante de doctorado, Rui Costa, añadió que todo es parte de una misma estrategia de precarización. Considerando esta estrategia manifestó preocupación respecto al cierre de ResiCampus por ser la única residencia accesible para los estudian. También, la eliminación de contratos a tiempo completo para no tener que pagar beneficios sociales como el retiro y el plan de salud.
“Todo conduce a un aumento de la austeridad y por eso de la desigualdad entre aquellos profesores que tienen algún tipo de seguridad en el contrato y los que no. Lo mismo sucedería entre los estudiantes que vienen de familias trabajadoras y que dependen de becas”, sostuvo Costa.
