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Un contrato tan leonino como lo es el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con Luma, así es el contrato de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) con HMS Ferrries. Ambos negociados por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AP3). La estrategia del gobierno adoptada para justificar la privatización de ambos servicios fue la misma, dejar deteriorar el servicio.
Son ya más que conocidas las denuncias de los puertorriqueños de Vieques y Culebra, de la falta de transportación marítima, falta de embarcaciones, retrasos en las salidas, preferencia a los turistas por encima de los residentes, una falta de sensibilidad con horarios que no consideran a personas con condiciones críticas de salud, en fin, la falta de transporte conlleva a limitaciones de acceso a servicios de salud, educación y hasta de comestibles. Este fin de semana los culebrenses y viequenses dejaron explotar su malestar ante la situación ya insostenible.
En tanto, en entrevistas por separado, el licenciado Adrián González Costas y un ex comisionado de Vieques y Culebra coincidieron en atribuir que el deterioro del servicio marítimo ha sido uno intencional por parte del gobierno con el propósito de su privatización, lo que responde a la política neoliberal de privatización.
El licenciado González Costas, enlace del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), con la isla de Vieques y quien examinó el contrato de privatización del servicio de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) con la compañía HMS Ferries describió que el contrato mas allá de lo indeseable raya en lo obsceno. El contrato por la cantidad de $750 millones y vigencia desde el 2021 al 2043, es decir 22 años, se otorgó el 27 de octubre del 2020.
Una vez más se presenta la interrogante de si la ATM puede pagar un contrato de esa cantidad a una empresa privada porque entonces no lo invierte en el servicio. “Esa es la situación que hace que el contrato más allá de indeseable raya en lo obsceno. Han permitido que las lanchas de la ATM se hayan ido dañando una a una para ahora decir que lo que queda es una y por eso hace falta lanchas privadas. Si hubiesen invertido ese dinero durante este tiempo en arreglar y optimizar e incluso en adquirir lanchas nuevas para que fuesen propiedad del pueblo de Puerto Rico, en la reparación o lanchas nuevas de la propiedad del pueblo de Puerto Rico estuvieran funcionando las nueve lanchas que tenía la ATM que hoy solo funciona una o incluso podrían tener más lanchas. La última lancha la adquirieron en el 1998 y costó $12 millones eso es mucho menos que el contrato de privatización”.
Como sucede con el contrato de la AEE con Luma, el contrato de ATM con HMS Ferries a la luz de lo que detalló González Costas, tiene unas condiciones muy desfavorables para el gobierno de Puerto Rico. La ATM pone todo: los muelles, las lanchas los empleados, la inversión; mientras la empresa privada va a cobrar la cantidad de $750 millones solo por administrar el sistema de transporte entre Vieques, Culebras y la Isla grande. La HMS también administrará el transporte entre Cataño a San Juan, pero no tiene que invertir en absoluto en nada adicional.
El también asesor de la senadora María de Lourdes Santiago, llamó la atención a que la forma en que se aprobó el contrato fue una irregular. Explicó que por ley la junta de directores de la ATM dispone que haya cinco miembros; el alcalde de Vieques, el alcalde de Culebra, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), un representante del interés público y el director de la Autoridad de Puertos (AP). El asunto es que esos cinco miembros que componen la junta son los que debieron votar para aprobar el contrato. Pero la ley de AAFAF tiene un inciso que dice que en toda junta de cualquier corporación pública o agencia la AFFAC va a tener una silla por ende en la reunión de octubre para aprobar el contrato estaban de cuatro de los cinco que dice la ley de la ATM y el de la AFAAC. El representante de AAFAF el de la AP y el secretario de DTOP votaron a favor del contrato, los alcaldes votan en contra. Es decir la votación fue tres a dos pero la ley dice que en cualquier momento que se añadiera un miembro no pueden quedar en un número par y si se añadió un miembro, el número que faltaba era el del representante del interés público, quien es bombero y no pudo estar presente porque se encontraba trabajando en los incendios forestales en Estados Unidos.
“Así que estamos ante un contrato anulable que no es lo mismo que nulo, nulo lo tendría que decidir un tribunal. Pero nada más que por la formación de la junta el día que se votó en 51 minutos y según dijo el alcalde [de Vieques], el de Puertos estaba en un gate en el aeropuerto Luis Muñoz Marín esperando para abordar un avión. ¡Qué seriedad es esa para aprobar un contrato de 800 páginas! Y votó a favor.”, expresó indignado González Costas.
Añadió que la ATM nunca ha tenido problema de presupuesto, y que no es la primera vez que hace un contrato de privatización. Recordó que el año pasado contrató a la compañía Fast Ferries por $10 millones para tres embarcaciones super pequeñas que se suponía que dos de ellas fuesen para transportar carga y nunca pudieron hacerlo.
“La excusa es que son fondos federales, oye pero tampoco es así, cada vez que arriendan a privados el servicios se afecta. Ahora mismo las embarcaciones que llevó la compañía nueva cuando hay fuerte oleaje no pueden salir de viaje porque no son embarcaciones para navegar en el océano, son para agua dulce, lagos. Si el oleaje sube más de cinco pies se suspenden todos los viajes porque esas lanchas no están preparadas para eso, y eso es lo que nos va a costar $750 millones por los próximos 20 años, unas lanchas que no sirven para el océano”.
Ahí es que entra la participación de AAFAF en el proceso de privatización. Se supone que por ley es la que selecciona a las empresas con quienes se va a hacer contratos de alianzas público privadas y, según se desprende de la investigación que se ha hecho, esta dio el visto bueno para que se contratara a HMS Ferries; por lo tanto votó a favor en la reunión y autorizó a la ahora ex administradora de la ATM, Mara Pérez a firmar el contrato.
Al igual que sucede con el contrato de Luma, HMS Ferries no está obligada a contratar a los trabajadores de la ATM. Sólo está obligada a entrevistarlos y si no los quiere mediante la Ley de Empleador Unico se supone que se ubiquen en otra agencia. “Esa es una agencia tan especializada porque no hay ninguna otra agencia que bregue con muelles ni con mecánica de botes; son cerca de 100 empleados con unas destrezas específicas que no tiene ninguna otra agencia.”
González Costa expresó que los alcaldes de ambas islas, tanto como alcaldes y como miembros de la junta de la ATM, tienen legitimación activa para poder impugnar el contrato. “Es un contrato anulable nada más porque la junta tiene que estar constituida por siete miembros y el que faltaba sería el representante del interés público que con toda probabilidad hubiese votado en contra”, dijo como una posible salida del contrato. Una vez más reiteró “la excusa para la privatización de que la ATM no tiene los recursos para dar los servicios ha sido producto de la negligencia, es un daño auto infligido para privatizar los servicios, eso es ya una práctica del gobierno”.
Una experiencia diferente, no siempre fue así
Por su parte el ex comisionado para las islas municipios (figura que adoptó el gobierno a principios del 2000 tras la salida de la Marina de Vieques), profesor Carlos Severino, también trajo en primer plano que el deterioro del transporte responde a la tendencia neoliberal de reducir los servicios al mínimo para ceder a la privatización. Observó que con todos los despidos que hizo el ex gobernador Luis Fortuño las agencias se vieron afectadas en su presupuesto y en su ejecución y no ha habido interés en mejorar el servicio, sino buscar una justificación para la privatización.
En su trabajo como comisionado especial para el desarrollo sustentable de Vieques y Culebra, según narró, logró revertir esa tendencia. Cuando fue nombrado en junio del 2013 el transporte lo hacía la compañía Fast Ferries, que tenía funcionando nada más que tres lanchas y un ferri de carga que viajaba a Culebra y uno de carga y otro de pasajero que viajaba a Vieques. “Era un desastre y el nivel de atraso y ausencia de cumplimiento con los horarios era una cosa increíble. En ese momento la flota era de 11 embarcaciones y logramos establecer que dos embarcaciones no servían, no se podían reparar. Nosotros lo que hacíamos era logística entre las agencias, tuvimos buen resultado. Al cabo de unos meses fuimos aumentando la cantidad de embarcaciones en circulación ya en el 2014 para febrero antes de Semana Santa se tenían funcionando ocho embarcaciones. La operación llegó a ser tan exitosa por la regularidad de las embarcaciones que hasta se pudo revertir la primera privatización en Puerto Rico”.
El contrato con Fast Ferries era de $1.2 millones al mes, es decir mas de $12 millones al año. El profesor de geografía política describió que él y su equipo no hicieron nada extraordinario que no fuera hacer la logística, se reunieron con los diversos sindicatos de la ATM y funcionarios de la AP y lograron establecer itinerarios y trabajar en coordinación. “Lo que pasa es que si no hay alguien trabajando para combinar todos los esfuerzos del gobierno, y que sepa cuales son las necesidades, las cosas no funcionan”.
Una vez concluido su término el doctor Severino, denunció que al cabo del tiempo volvió a ser lo mismo porque no había nadie que le diera seguimiento: todas las máquinas se volvieron a dañar, no había cumplimiento con los planes de mantenimiento y parecería ser que la intencionalidad era precisamente justificar la privatización. “Pero realmente desde el punto de vista empírico no habría necesidad de hacerlo, es mucho más barato arreglar las lanchas que privatizar”.
A la luz de su experiencia, el doctor Severino describió que hay que partir de las premisas de que la gente que vive en Vieques y Culebra son puertorriqueños y necesitan esa vinculación con la Isla Grande, que se necesita una oficina de logística que organice y le dé sentido de cohesión a las agencias de gobierno, porque los servicios hacia estas islas de muchas agencias son bien diferentes a los de demás pueblos. “Cuando llegamos nos dimos cuenta que las agencias de gobierno no tenían esa distinción, no podían distinguir que llevar servicios a ambas islas conlleva una visión distinta de planificación, organización para que el servicio sea realmente efectivo; eso no lo hay, eso se volvió a perder una vez se eliminó lo del comisionado”.
La figura del comisionado especial para ambas islas fue eliminada por el ex gobernador Luis Fortuño y reactivada luego por Alejandro García Padilla, y vuelta a dejar sin efecto por la administración de Ricardo Roselló.
