Por: Wilma E. Reverón Collazo
En 1993, la. Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (48/104 AG ONU 29 diciembre 1993). La misma fue aclamada por consenso sin votación de los estados miembros. En su preámbulo expone:
¨Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades, y preocupada por el descuido de larga data de la protección y fomento de esos derechos y libertades en casos de violencia contra la mujer,
Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre,..¨
¿Cuáles son dichos derechos y libertades cuya violación le impide total o parcialmente gozar? Lisa A. Crooms nos los resume:
¨La Declaración Contra la Violencia identifica la violencia fundamentada en género y dirigida contra la mujer como violación de derechos humanos per se. Añade a los derechos que toda mujer merece el derecho específico a vivir libre de violencia por género, sin importar el lugar, las costumbres tradicionales o las justificaciones religiosas. Esto incluye las violaciones cometidas `en el vientre familiar`, ´en la comunidad general`y ´aquella perpetrada o condonada por el estado`. …
Finalmente, la Declaración Contra la Violencia ofrece `una definición abarcadora de violencia contra la mujer`como `violencia fundamentada en género que resulta o pueda resultar en daño físico, psicológico, sexual o sufrimiento a la mujer, que incluya amenazas, coerción o privación arbitraria de la libertad ya sea en la vida privada o pública`. Esta definición incluye `golpes, abuso sexual contra niñas, violencia que tenga que ver con la dote, violación sexual dentro del matrimonio, mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales dañinas para la mujer, violencia de parte de otros que no sea el esposo, y violencia relacionada con la explotación`además de `violación, abuxo sexual, acoso sexual e intimidación en el trabajo, en las instituciones educativas y en otras partes, tráfico de mujeres o prostitución forzada`. Además, la Declaración Contra la Violencia hace claro que el estado es responsable por la violencia por parte de servidores públicos pero también aquella que el estado permita y condone. Como tal el estado tiene la obligación afirmativa de evitar que ocurra la violencia contra la mujer y de remediar el daño causado contra ella no importa quien sea el ofensor.¨
En 1999, la Asamblea General, liderada por la representante de la República Dominicana, designó el 25 de noviembre como el Día internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer, en homenaje y en recordación del vil asesinato de las Hermanas Mirabal a manos de los esbirros del dictador dominicano Rafael Leonides Trujillo.
En Puerto Rico, la violencia contra la mujer ha sido estatuida como delito por virtud de la aprobación de “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada (ha sufrido numerosas enmiendas). En su exposición de motivos, se identifica el problema y su definición de la siguiente manera:
¨La violencia doméstica es un comportamiento antisocial que constituye un serio problema para la familia puertorriqueña. Se trata del maltrato físico y emocional que sufre una persona a manos de su cónyuge o ex-cónyuge, o a manos de una persona con quien sostiene o ha sostenido una relación íntima.¨
Sin embargo, la Ley 54, por ser dirigida a la violencia doméstica, se limita al ámbito de las relaciones entre parejas o personas que aunque no estén en una relación formal o permanente hayan tenido un acercamiento o relación. Por lo tanto, no abarca todo los escenarios en el cual se puede escenificar la violencia contra la mujer, tanto en lo público como en lo privado, como sí lo cubre la Declaración de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Esta aplica a todos los ámbitos de la sociedad donde se desenvuelve la mujer, desde el hogar (ámbito privado) hasta el público, de trabajo y estudios.
Mientras, recientemente un rotativo informó que en Puerto Rico ocurre un feminicidio cada siete (7) días. Si vamos a la página de estadísticas de la Procuradoría de la Mujer se informan solo nueve (9) feminicidios para el 2019. Ciertamente, hay un desfase del gobierno de Puerto Rico, no solo estadístico, sino con la propia política pública esbozada anteriormente.
Es incomprensible que en papel el estado proclame ¨como política pública, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico repudia enérgicamente la violencia doméstica por ser contraria a los valores de paz, dignidad y respeto que este pueblo quiere mantener para los individuos, las familias y la comunidad en general.¨, mientras en la práctica no asigna los recursos ni le imprime el carácter de emergencia nacional que requiere la situación.
La negativa del gobierno tanto bajo Ricardo Rosselló,, como bajo la actual gobernadora Wanda Vázquez, a declarar un estado de emergencia sobre la amenaza que cierne sobre la vida de las mujeres, que se está cobrando semanalmente la vida de un ser humano, no solamente es incomprensible, es inexcusable, sobre todo para una persona que conoce de primera mano las manifestaciones y la gravedad del problema por su experiencia como Fiscal, Procuradora de las Mujeres, Secretaria de Justicia y ahora Gobernadora.
Nos unimos a los reclamos para la declaración de una emergencia nacional que tan activa y vocalmente han llevado ante la Fortaleza las compañeras del Colectivo de Feministas en Construcción, Movimiento Paz para la Mujer, MATRIA y otras organizaciones de base feminista. Literalmente cada día que pasa cuesta vidas.
El gobierno de Puerto Rico está en franca violación de su política pública, así como de la normativa de las declaraciones y convenciones internacionales. Debe responder como perpetrador de este crimen contra los derechos humanos de las mujeres.
