Por: Redacción de CLARIDAD
En un país donde 266 mujeres han sido asesinadas en los pasados cinco años y donde la propia Policía contabilizó 4,121 incidentes de violencia doméstica entre los meses de mayo y agosto de este año 2019, es obvio y razonable el reclamo que han hecho las organizaciones que abogan por los derechos de las mujeres, para que el Gobierno declare oficialmente una emergencia nacional por violencia de género en Puerto Rico. Ya el año pasado, cuando el número de mujeres asesinadas por sus parejas llegaba a 23, las portavoces de dichas organizaciones hicieron un pedido similar que fue ignorado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló. Solo después de que estas se plantaron en una protesta de varios días frente a la Fortaleza, fue que el Gobernador accedió a reunirse con ellas e iniciar un diálogo sobre las acciones gubernamentales necesarias para ir atajando los asesinatos y abusos contra las mujeres, considerados como un grave problema de salud pública y de derechos humanos en el País.
En aquel entonces, Wanda Vázquez era la secretaria de Justicia y la persona en la administración Rosselló con más conocimiento y experiencia sobre el asunto de la violencia de género, toda vez que también ya había ocupado el cargo de Procuradora de las Mujeres de Puerto Rico. Este año, por vuelcos de la política en Puerto Rico, ella es la Gobernadora y la persona que tiene en sus manos el poder para darle la máxima visibilidad pública a este grave problema, que no solo compromete la integridad física y emocional de las mujeres, sino que también conmociona a sus familias y a toda la sociedad.
Cada asesinato de una mujer por el motivo de que es mujer debía significar un aldabonazo a la conciencia colectiva de nuestro pueblo. Solamente un examen somero de los datos disponibles, da un idea de la magnitud de este gran problema que afecta a todos los estratos socioeconómicos en Puerto Rico, pero que particularmente golpea a las mujeres más pobres y en mayor estado de indefensión y vulnerabilidad.
Datos incompletos e impunidad
Ya se sabe también que las estadísticas disponibles no son confiables ni exhaustivas. Pero son las únicas con las que se cuenta para poder impulsar la tan necesaria transformación. Se sabe que de los más de 4,000 incidentes de violencia doméstica reportados entre 2014 y 2018, se presentaron ante el tribunal poco más de 2,000, lográndose solo 48 convicciones, una cantidad irrisoria si se tiene en cuenta el tiempo y los recursos que se invirtieron para lograr las mismas, amén de la burla que representa para las víctimas y sus familias el bajo índice de resolución en estos casos tan neurálgicos.
Es casi como si la sociedad no le diera importancia a los asesinatos de mujeres, actitud que apodera a los agresores y les da la confianza para continuar su patrón de abusos y agresiones, porque saben que probablemente no van a ser acusados, ni mucho menos enjuiciados o convictos por ello.
Un estudio necesario
y oportuno
Dos organizaciones sin fines de lucro- Proyecto Matria y Kilómetro 0- aunaron esfuerzos para desarrollar, a partir de datos ya recopilados en un archivo llamado Seguimiento de Casos, una investigación sobre los asesinatos de mujeres en Puerto Rico durante los pasados cinco años.
El estudio- titulado La persistencia de la indolencia, feminicidios en Puerto Rico 2014-2018- establece que en nuestro país ocurre un (1) feminicidio cada siete (7) días, una tasa de 3.3 feminicidios por cada 100,000 habitantes, lo que nos coloca por encima de la tasa de países como Canadá, Chile, Ecuador, Uruguay y Guyana, y muy cerca de la tasa de feminicidios en República Dominicana (3.2) y Perú (3.3).
El estudio de Matria y Kilómetro 0 constituye el primer esfuerzo concertado y serio para explorar la realidad de los asesinatos de mujeres en Puerto Rico y desarrollar estrategias para atajarlos y combatirlos. El informe contiene valiosas recomendaciones específicas para todas las agencias e instituciones gubernamentales y privadas que atienden, de una forma y otra, estas situaciones.
Declaración de Emergencia
La elevada tasa de feminicidios y demás datos importantes que aporta el estudio comprueban no solo la magnitud del problema en Puerto Rico, sino lo retrasados que estamos como sociedad del desarrollo e implantación de estrategias concertadas para combatirlo. Por eso, los profesionales que atienden a las mujeres afectadas y sus familias, y las organizaciones que luchan y promueven, los derechos de las mujeres, el cese de la violencia, los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz, insisten en que la Gobernadora declare la crisis de violencia de género como una emergencia nacional en Puerto Rico, más allá del Alerta a la violencia de género firmado por la Primera Ejecutiva hace unas semanas.
Según los grupos activistas, la declaración de emergencia es la mejor respuesta para imprimirle urgencia a la crisis de violencia de género que viven nuestras mujeres y toda la sociedad.
