Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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Al licenciado Rolando Emmanuelli, la intervención ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos del hoy derrocado gobernador Ricardo Rosselló Nevares respaldando la constitucionalidad de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF), no le sorprende. Tanto la Junta como Rosselló Nevares siempre han dicho estar de acuerdo en el 95% de las decisiones.
El representante legal de la Unión Independiente de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), organización que originó y contra todo pronóstico logró que ese tribunal acogiera el caso, explicó que el 25 de julio era la fecha límite que tenían las partes para pedirle al Tribunal Supremo que revocara la opinión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston. La representación del Gobierno de Puerto Rico se hizo a través de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) porque es esta agencia la que interviene con todos los casos de Título III de la Ley Promesa. AAFAF compareció en el caso de la UTIER hasta la determinación del Tribunal de Primera Instancia (Tribunal Federal en Puerto Rico), que dijo que los miembros de la Junta eran constitucionales. Aunque no participó de manera directa en el trámite del Primer Circuito, sigue siendo parte del caso y aun cuando no radicó un recurso de certiorari compareció ante el tribunal.
El licenciado Emmanueli describió como espeluznantes los argumentos en el alegato de AAFAF de que los miembros de la JCF son constitucionales, que el Congreso de Estados Unidos tiene poder absoluto para tomar decisiones sobre Puerto Rico, y que ese poder es plenario.
“Eso obviamente para mí significa que ellos siguen plegándose a los designios de la Junta. Rosselló y la Junta siempre habían dicho que ellos estaban de acuerdo con el 95% de las decisiones”. Emmanuelli lamentó que por parte del gobierno de Rosselló Nevares no haya habido un ataque sustantivo contra la Ley Promesa y se haya dejado pasar la oportunidad de decir que en realidad esta es una ley inconstitucional en la gran medida en que se basa en unos poderes plenarios que establece un régimen colonial y que ese régimen colonial está vedado, prohibido por la ley internacional y los tratados de derechos humanos y políticos.
“Pero no se dio. Es decepcionante”, expresó. No obstante, el licenciado Emmanuelli señaló que, el gobierno de Rosselló Nevares tenía que cumplir con el término de presentar su alegato; pero que la ahora gobernadora Wanda Vázquez tiene la facultad y oportunidad de revisarlo y determinar que esa no es la postura correcta en defensa de los derechos del pueblo de Puerto Rico.
Coincidió con la apreciación de que con este alegato el gobierno le está entregando a la JCF toda la autoridad para decidir sobre el gobierno. Esto entra en contradicción con sus propias alegaciones de que la Junta se está excediendo en sus poderes metiéndose en cuestiones de política pública, mientras dice en el tribunal que el Congreso tiene toda la autoridad para hacer lo que le da la gana con Puerto Rico. Reconoce que el alegato sí tiene peso en el pleito ya que, además de la JCF y el Gobierno de Estados Unidos, en este intervienen también el Comité de Acreedores No Asegurados. “La postura del Gobierno de Puerto Rico es bien importante en todos estos procesos. Lo que ocurre, como siempre, es que le hacen coro a la Junta”, denunció.
El licenciado Emmanuelli destacó la oportunidad que tiene, la ahora gobernadora, licenciada Vázquez, de mirar el caso de manera detenida y cambiar el curso de la historia asumiendo posiciones que defiendan los derechos y prerrogativas democráticas de los puertorriqueños, oponiéndose a la constitucionalidad de la Junta, ordenando la auditoría de la deuda y tomando otras acciones relacionadas, como definir los servicios esenciales.
Rosselló pide la estadidad en el caso
Por su parte, el licenciado Roberto Maldonado también señaló la contradicción que representa la postura del gobernador renunciante, a la vez que cuestionó la legitimidad de su acción. Expuso que en términos legales, la postura de AAFAF al final de su argumentación es que hay que revocar la decisión de Boston porque el Congreso tenía el poder, bajo la llamada cláusula territorial de la constitución de EEUU, para crear una Junta e imponérsela a Puerto Rico y que además los miembros de la Junta no son funcionarios federales, son funcionarios del territorio, porque así lo dice la ley. Al ser funcionarios del territorio de Puerto Rico, no les aplica la cláusula de nombramientos de la constitución de EEUU.
Indicó que eso es un debate legal bien técnico, en el cual hay que ver la jurisprudencia de esa cláusula de la Constitución, de qué es un funcionario del gobierno de EEUU y quién no lo es. El mero hecho de que el Congreso diga qué personas son funcionarios del territorio, no los convierte en tales. Hay que enfocarse en cuáles son sus poderes y cuáles son sus responsabilidades.
“Un factor bien importante es que esto es una ley federal, no es una ley de la Asamblea de Puerto Rico. Es un debate técnico legal donde hay tela para llegar a la conclusión que la juez Taylor Swain llegó y hay tela para llegar también a la conclusión a la que el Tribunal de Boston llegó. Ahora está en manos del Tribunal Supremo, el árbitro final de la controversia, determinar una cosa u la otra”.
Maldonado añadió que era importante tomar nota del contexto y que era interesante el hecho de que AAFAF presentó su escrito el 25 de julio, el día antes del gobernador Rosselló anunciar su renuncia. También cuestionó el que AAFAF y sus abogados, como representantes del Gobierno de Puerto Rico, presenten un documento ante el Tribunal Supremo de EEUU en donde no hacen referencia a ninguna ley que expresamente diga que ellos son los representantes; no hacen referencia a la ley que organiza AAFAF; tampoco hay una referencia específica del estatuto que así lo diga ni hay una resolución u orden ejecutiva del gobernador designando a AAFAC como representante del gobierno en esos procesos.
“Para mí es bien significativo que habiendo renunciado el Gobernador, con fecha de efectividad el dos de agosto, se presente este escrito en representación del Gobierno de Puerto Rico, en donde ellos hacen una declaración política”. La declaración a la que se refiere lee: “Es la posición inequívoca del Gobierno de Puerto Rico que Puerto Rico debe ser admitido a los Estados Unidos como Estado”.
El licenciado Maldonado hizo la observación de que es cierto que en los procedimientos legales de carácter constitucional se hacen declaraciones políticas de toda índole porque la Constitución está ligada a la política, pero censuró el que esta sea una manifestación categórica de que esa es la posición del Gobierno de Puerto Rico: “Pero ¿y de dónde se sacan eso? ¿Del hecho de que el Gobierno de Puerto Rico está integrado por una elección que se llevó a cabo en la que ganó el PNP? El PNP ganó con el 42% de los votos. ¿Cómo, de buenas a primeras, van a decir que esa es la posición del Gobierno de Puerto Rico? ¿Bajo qué autoridad?”
Señaló que es interesante cómo los abogados impugnan los casos insulares para señalar que el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico e incluso dicen que los casos insulares son racistas, que hay que revocarlos. Pero entonces llegan a la conclusión de que la solución para los casos insulares es la estadidad para Puerto Rico
El licenciado Maldonado destacó las contradicciones en la postura del Gobierno de no impugnar la Ley Promesa, pero sí la utiliza en el caso para abogar por la estadidad; reconoce que bajo los poderes plenarios, a pesar de que los casos insulares son malos, son coloniales, y deben ser revocados; pero acepta los poderes plenarios del Congreso para aprobar la Ley Promesa e imponérsela a Puerto Rico.
Según Maldonado, es preocupante que el Gobernador que renunció el día antes presente un escrito dentro de la crisis constitucional que habíaen el país y asuma posiciones legales ante el Tribunal Supremo sin tomar en cuenta esa realidad ni cuál sería la postura del nuevo gobernador. “Después de todo, la cabeza del Gobierno de Puerto Rico es el gobernador y AAFAF es un ente del gobierno que le responde al gobernador y también a la Asamblea Legislativa (AL)”. Recordó que tanto la AL como la gobernación nombran miembros a la Junta de Directores de AAFAF, por lo que cuestionó si esa Junta autorizó las manifestaciones que hacen los abogados.
