Por Giancarlo Vázquez López/ CLARIDAD
gvazquezlopez@claridadpuertorico.com
Hace unas semanas, el presidente de los E.E.U.U., escribió en su cuenta de Twitter: “Puerto Rico debería amar al presidente Trump. Sin mí, habrían sido excluidos”. Esto parece que fue razón más que suficiente para movilizar a la Federación de Universitarios Republicanos de Puerto Rico, que anunció este pasado fin de semana el inicio de una campaña de recaudación de fondos para financiar el costo de una estatua de bronce de ese presidente.
El tuit, fue publicado luego de que Trump convirtiera en ley el proyecto 2157 de Asistencia por Desastres el pasado 6 de junio. La ley proporcionaría cerca de $904 millones adicionales para la recuperación de Puerto Rico. La Casa Blanca anunció ese mismo día que el proyecto podría facilitar hasta $1,400 millones a Puerto Rico.
La legislación bipartidista, originada en la Cámara baja, proporciona en total $19,100 millones en fondos de recuperación ante los desastres naturales que han afectado a los estados y territorios en los últimos tres años.
Se supone que esta asignación de $904 millones sea distribuida entre fondos de Asistencia Alimentaria ($600 millones), el Departamento de Agricultura Federal ($5 millones) y el Programa de Desarrollo Comunitario para Recuperación por Desastres ($304 millones).
Pero después de todo, no será tan fácil. Según determina el estatuto, los fondos del Programa de Desarrollo Comunitario para Recuperación por Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) no estarán disponible hasta que el Gobierno de Puerto Rico logre un acuerdo sobre las obras permanentes que financiará la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), bajo la sección 428 de la ley Stafford.
Si el Gobierno no produce los estimados para octubre 11, tendría que allanarse a lo que estime FEMA.
La medida también ordena publicar en 90 días los requisitos de las subvenciones de fondos de mitigación CDBG-DR. Esto aplicaría a una partida de $8,200 millones que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés) aún tiene que autorizar para la isla.
En 2018, a Puerto Rico se le asignaron $18,000 millones en fondos CDBG-DR mediante la aprobación de la Ley 115-123. De estos, $9,700 millones fueron destinados para la recuperación de viviendas y $8,200 millones para labores de mitigación.
De los $9,700 millones aprobados, solo se han autorizado $1,500 millones. Los otros $8,200 millones están a la espera de que HUD publique la notificación en el registro federal sobre su uso, un trámite reglamentario que otorga tiempo al gobierno para someter el Plan de Acción sobre los proyectos que desarrollará con ese dinero.
Los controles financieros que debe establecer el HUD tienen como fin —en teoría— asegurar el buen uso de los fondos y evitar la duplicidad de beneficios, garantizar el gasto oportuno de los fondos, mantener sitios web completos con respecto a todas las actividades de recuperación de desastres asistidas con estos fondos y detectar y prevenir el desperdicio, el fraude y el abuso de fondos.
Pero ante estas nuevas restricciones para desembolsar el dinero persiste la preocupación de que la entrega de los fondos sea cada vez más lenta.
El pasado, 27 de febrero, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) develó que Foundation for Puerto Rico obtuvo el más jugoso contrato de dinero de CDBG-DR, sin someter propuesta.
El Departamento de Vivienda en Puerto Rico (DV) no divulgó los criterios en los que se basó para otorgar un contrato de $37.5 millones a la organización “sin fines de lucro”. Por otra parte, Foundation for Puerto Rico (FPR) tampoco presentó propuesta alguna demostrando su interés o experiencia para manejar un programa de planificación comunitaria.
En pocas palabras, FPR no pasó por un proceso competitivo para administrar dicha suma. Así lo reconoció la presidenta y CEO de la fundación, cuyos activos netos para el 2017 eran de $8,874,383, según el informe anual presentado por el Departamento de Estado. Como si fuera poco, Vivienda sometió una enmienda para aumentar a $55 millones la cuantía asignada a FPR.
Los planes del Gobierno, según el plan autorizado por el HUD, son utilizar los fondos para vivienda, desarrollo multisectorial y revitalización de las comunidades, desarrollo económico y otros proyectos de infraestructura.
Pero en entrevista con CLARIDAD, el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP) David Carrasquillo Medrano censuró la visión desarrollista del Plan de Acción de Vivienda del DV, exigencia del HUD para poder acceder a los fondos de recuperación CDBG-DR para el desarrollo comunitario.
Además, censuró las expresiones del gobernador Ricardo Rosselló y el secretario del DV, Fernando Gil Eseñat, quienes han dicho que sale más barato el desalojo y reubicación de comunidades que hacer proyectos de mitigación. Incluso, mencionó que fue testigo de reuniones en las que el gobernador le dijo a la comunidad que los fondos no se podían utilizar para mitigaciones.
Gil Eseñat aseguró al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que escogieron a FPR porque propusieron siempre soluciones, a diferencia de otras fundaciones “que lo que querían no lo veían a nivel global”.
Foundation for Puerto Rico presentó parte de sus programas e iniciativas y pidió que fueran incluidos como alternativa en el Plan de Acción de Vivienda (PDV). Vale señalar que los consultores que hicieron el plan de acción no son puertorriqueños.
La misma ley de HUD dice que hay que armonizar las reglamentaciones de ordenamiento territorial federal con los ordenamientos territoriales de la jurisdicción, incluyendo las municipales. Sin embargo, eso está totalmente ausente del PAV, incluidas las vistas públicas, explicó Carrasquillo Medrano a este medio.
En el artículo ya citado del CPI la organización Ayuda Legal denunció que, el acuerdo firmado entre Vivienda y FPR falla en detallar las responsabilidades concretas sobre la participación de las comunidades, que garanticen la igualdad de condiciones, establezcan los mecanismos de toma de decisiones y el diseño de criterios de elegibilidad. La organización advirtió además, que al acuerdo le faltan opciones para adelantar fondos a las comunidades, ya que las mismas no podrían participar de la propuesta mediante reembolsos, que es la única opción actualmente. De acuerdo con la organización, el contrato debió establecer criterios de elegibilidad y participación mínimos para las comunidades y municipios.
Según el contrato otorgado a Foundation el pasado 15 de febrero, un 82% de los fondos del programa ($30,600,000) irá a las comunidades para el desarrollo de sus planes de resiliencia, pero eso está en veremos.
Mientras, hay quienes ponen todos sus esfuerzos en reconocer la visita de un presidente que se burla de los puertorriqueños y sus necesidades y que abogó por frenar las asignaciones a Puerto Rico para mitigar el desastre causado por el huracán María, con una estatua de bronce que sería ubicada frente al Capitolio.
Sería más apropiado erigir una estatua de Trump representando a Gepeto y un Pinocho asomándose por detrás de su pierna derecha con un rollo de papel de baño en su nariz de mentiroso.
