La Junta de Control Fiscal (JCF) pudo haber acudido al Capítulo III de la Ley Promesa desde el primer día, lo único que tenía que demostrar era que intentó una negociación de buena fe y no la alcanzó, pero su interés primordial no es lograr la “estabilidad fiscal” que pregona, ni mucho menos el crecimiento económico del pais, sino pagar a los bonistas. La carta del presidente de la JCF (p.24), José Carrión, al senador Thom Tillis, lo confirma al decir que la Junta y el gobierno de Puerto Rico se reunieron en “más de 30 ocasiones con los representantes de los diferentes grupos acreedores”.
Un abogado y filósofo consultado por CLARIDAD y con conocimiento de primera mano del trabajo que llegó a realizar la desaparecida Comisión para la Auditoría del Crédito Público, apuntó que la razón por la cual la Junta y el gobierno han pasado tanto trabajo negociando con los acrreedores mediante el Capitulo VI de ley Promesa es porque no han sacado del camino a los que tienen deuda mala. De haber realizado una auditoría como la que se pretendía se hubiese tenido una estrategia porque se sabría distinguir con quiénes se está negociando.
Ante el nuevo escenario de la solicitud de quiebra dado a que los acrreedores no han querido negociar por Título VI porque siguen exigiendo más de lo que puede sostener el estado y la economía, pues ahora se verán obligados a negociar por el Capítulo III e incorporar los acuerdos de Título VI que se han negociado.
Pero lo que los miembros de la JCF ( el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act, PROMESA) lo que sí siempre quisieron llevar al Capítulo III de Promesa es el sistema de pensiones del Gobierno de Puerto Rico, puntualizó. “En todo momento la jugada de la Junta ha sido llevar a título tres las pensiones para poder recortarles a los pensionados y lo que le van a proponer al Juez es la reducción de la pensión al mínimo, que se mantengan justo por encima de la línea del nivel de pobreza”. Esto también lo afirma la carta de Carrión; “el plan fiscal certificado reduce los pagos de pensión en la medida en que los beneficios combinados de la pensión y el Seguro Social excedan el umbral de pobreza federal de $1,00 al mes”.
El escenario de la quiebra se complica a la luz de la ley 938 aprobada por la Legislatura, mientras la atención se centraba en los aspectos laborales de la ley, poco se discutió que los capítulos 4, 5 y 6 de esta Ley tienen repercusión en la deuda. Según explicó el Capítulo 4 dispone el control por el gobierno central de todas las tarifas e ingresos de las corporaciones públicas y el 6 le quita todo el tesoro propio a todas las corporaciones públicas. El capítulo 5 permite la venta de los activos del gobierno. A juicio de la fuente de CLARIDAD si la Junta no detiene los capítulos 4 y 6 de la ley 938 se provocará lo que se conoce como “descorrer el velo corporativo” y si los acreedores de las corporaciones públicas quieren reclamar el repago de su deuda ahora irían contra el gobierno central.
Describió que el gobierno lo que ha hecho es, “te choteaste lo que hicieron fue descapitalizar a las corporaciones públicas para capitalizar a Hacienda y el efecto de eso será exponer a Hacienda a un montón de acreedores que no tenia antes. Además, esa estrategia dentro de lo que la Junta plantea que quiere lograr es un desastre, provocar el caos entre los acreedores que están compitiendo entre ellos porque hasta el momento los acreedores estaban de acuerdo que solamente tenían que competir contra el gobierno y los gastos gubernamentales. Ahora tienen que competir entre ellos y el gobierno no sabe a quién tiene que atender”.
Recalcó que de haberse tenido una auditoria el gobierno sabría quién tiene la prioridad en cobrar y las útlimas serían las deudas ilegales. Explicó que sin la auditoría se puede tener en un mismo grupo de acreedores y cabilderos representantes de bonos de obligación general del 2014 que pueden ser ilegales y del año de las “guácaras” que sí pueden ser válidos, y sin la adutoría el gobierno los metió a los dos en el mismo pote.
Se debió haber hecho hace tiempo
En entrevista por separado el profesor de Economía, Ricardo Fuentes, también consideró que la petición de quiebra tenían que hacerla antes, y recordó que varios economistas habían planteado que eso era lo que se debió hacer desde un principio. Igual levantó bandera de que no se debió haber llegado a este proceso sin una auditoría de la deuda y lamentó que ahora “el proceso se vaya a dar de espaldas al pueblo con poquísima transparencia creo que ahora más que nunca se vuelve fundamental ese reclamo de la auditoría”. En términos de la repercusión económica el miembro de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política (APEP) observó que puede que tenga un efecto en la confianza de inversionistas tanto foráneos como locales, pero a la misma vez la economía de la Isla ha estado en caída desde el 2006 y no da señales de recuperación, por lo que no cree que sea algo que cambie la tendencia general hacia abajo.
Fuentes llamó la atención de que el mayor problema con la negociación de la deuda, ha sido que se está negociando teniendo en mente y partiendo de cómo pagar a los bonistas sin llegar al estado fallido, pero se ve que el desarrollo económico no es su preocupación y eso va en contra de los mismos bonistas. Recordó que las experiencias alrededor del mundo demuestra que los países que se han ido por la vía de reactivar su economia y no la de los recortes son precisamente los que han podido pagar su deuda, “así que esa visión miope de corto plazo de los bonistas en última instancia está reduciendo las posibilidades de recibir el dinero que les corresponde si es que la deuda es legítima, porque si no es legítima no les corresponde”.
El economista coincidió con la observación de que los procesos judiciales que duran años y la aplicación de los recortes en definitva van a provocar la destrucción de la economía que nos queda. Fuentes trajo a la atención que en estas circunstancias el tema de la emigración del país se vuelve fundamental, “porque nos están forzando a mudarnos porque están destruyendo la economía”. Precisó que ya Puerto Rico tiene estadísticas de emigración de zonas que están en guerra, que están pasando hambruna. “Tenemos un patrón de emigración de países que están en crisis humanitarias, así que en ese sentido es sumamente preocupante las políticas que se quieren adoptar porque definitvamente estamos hablando ya de la destrucción de nuestra economía”.
